Desde la constitucionalidad del proceso al derecho a la libertad de expresión y el trauma de los legisladores durante el asalto al Capitolio, serán elementos que usarán las partes para definir el segundo juicio político contra Trump.
Este lunes 8 de febrero el Senado empieza a considerar el juicio político del hoy expresidente Donald Trump, quien en la semana final de su mandato fue sometido a ‘impeachment’ por la Cámara de Representantes, que lo acusó de “incitar a la insurrección” por el asalto que sufrió el Capitolio el 6 de enero.
Es el segundo proceso a Trump, uno de los tres mandatarios que han sido objeto de ‘impeachment’, pero quien detenta el récord de mayor número de acusaciones en su contra hechas por el cuerpo legislativo en más de dos siglos de historia. Trump tiene dos, frente a uno de Bill Clinton (1993-2001) y Andrew Jonhson (1865-1869).
La semana pasada, el grupo de representantes que ejercerá como los administradores de la acusación, o fiscales, para presentar el caso ante los senadores constituidos en jurado delinearon la estrategia que seguirán contra el exmandatario al que culparán directamente de lanzar a sus seguidores y al que responsabilizarán por la muerte de 5 personas ese día.
“La conducta del presidente Trump debe ser declarada inaceptable en los términos más claros e inequívocos. Esto no es un tema partidista. Sus acciones directamente amenazaron la fundación misma sobre la cual todos los debates políticos y los desacuerdos se desarrollan (…) También amenazaron el sistema constitucional que protege las libertades fundamentales que apreciamos”, se indica en el texto presentado por los demócratas.
Los abogados de la defensa presentaron ese mismo día sus argumentos, que apuntan a exactamente lo contrario: el presidente no es responsable por los desmanes que cometieron sus simpatizantes. Pero sobre todo cuestionarán la constitucionalidad del proceso, poniendo en duda que el Senado tenga jurisdicción sobre un ciudadano particular como es ahora Trump.
Aunque varios republicanos, como Mitt Romney o Lisa Murkowsky, dijeron estar de acuerdo con el ‘impeachment’ y estar dispuestos a procesarlo cuando llegue al Senado, y otros, como Micth McConnell han fustigado la estrategia de falsedades que condujo al asalto al Capitolio puesta en marcha por Trump, está lejos de ser algo seguro una condena final al expresidente.
De hecho, cuando al recibir el ‘impeachment’ el Senado votó una moción para desecharlo por supuesta inconstitucionalidad, solo 5 republicanos votaron en contra. Muy lejos de los 17 que ten drían que unirse a los 50 demócratas para lograr los dos tercios de la cámara que son necesarios para el fallo final.
Aunque en los días inmediatos al asalto, muchos legisladores republicanos expresaron su indignación y hasta tuvieron duras palabras contra Trump, esa rabia parece haber ido amainando, como muestra que solo 10 republicanos votaran a favor del ‘impeachment’ y que solo cinco senadores del GOP apoyaran la constitucionalidad del juicio en el Senado.
Los abogados del expresidente argumentan que el juicio es nulo porque un expresidente no puede ser juzgado por el Senado, porque se trata de un ciudadano particular sin responsabilidades constitucionales.
Además, alega la defensa, el objetivo del juicio por ‘impeachment’ como lo consagra la Constitución es “destituir del cargo” al acusado y que como ya Trump no ejerce el puesto, el proceso no tendría validez.
Pero la acusación afirma que una persona debe responder por acciones en las que haya incurrido en el ejercicio de un cargo, aún cuando ya no siga en él y ponen viejos ejemplos de altos funcionarios fueron enjuiciados aun después de dejar el puesto. Ninguna era presidente, claro.
Además, consideran que en el caso de Trump es más válido porque ya fue acusado mientras todavía estaba en la Casa Blanca.
La segunda línea de la defensa es el derecho de Trump a su expresión libre como la consagra la Primera Enmienda de la Constitución. El argumento indica que el discurso del acusado, en el que aseguró que las elecciones de noviembre le habían sido “robadas”, está protegido dentro del derecho a la expresión libre del pensamiento.
En cualquier caso, los abogados del exmandatario descartan que exista alguna relación entre aquel evento a las afueras de la Casa Blanca y la masa que horas después agredió la sede del Congreso, ubicada a pocas cuadras de distancia.
Incluso en el caso de que los manifestantes dijeran que siguieron órdenes de Trump (como han dicho algunos de los detenidos) la defensa afirma que el entonces presidente fue “malinterpretado” y que es irrelevante si sus referencias a la desmontada teoría del fraude generaron furor entre sus seguidores, como afirman los demócratas.
“Si la Primera Enmienda protegiera solo el discurso que el gobierno considera popular en la cultura estadounidense del momento, no sería protección en lo absoluto”, indican los defensores de Trump en su escrito al Senado.
Fuente: CNN.com
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