El aumento del flujo migratorio detectado en noviembre no frena y registra récord en el número de niños detenidos en instalaciones de la Patrulla Fronteriza, quienes permanecen por más tiempo del permitido antes de ser entregados al Departamento de Salud.
La oleada de migrantes que se registra en la frontera sur de Estados Unidos establece nuevos récords, tanto en el número de Menores No Acompañados (UAC) en instalaciones de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) como el tiempo máximo de permanencia determinado por el Acuerdo Flores de 1997.
Informes a los que tuvo acceso el diario The Washington Post esta semana revelan que el gobierno de Joe Biden mantenía un alto número de adolescentes y UAC en celdas de detención durante más tiempo de lo permitido” por el Acuerdo Judicial Flores de 1997 (72 horas máximo), y que funcionarios federales de salud “retrasan aún más” los plazos porque no disponen de suficientes camas ni centros donde recibirlos y puedan continuar con sus procesos migratorios.
El diario dijo que más de 8,500 jóvenes (menores de 18 años) y niños migrantes que cruzaron la frontera sin sus padres, permanecían alojados en instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) mientras esperaban ser colocados con familiares o patrocinadores verificados.
En estos centros los menores no deben permanecer más de 21 días, de acuerdo con disposiciones judiciales. Pero en muchos casos debido a la carencia de familiares que califiquen y por la pandemia, el tiempo de permanencia excede del límite.
El reporte del Post también revela que otros casi 3.500 menores se encuentran atrapados en las estaciones de la Patrulla Fronteriza esperando camas disponibles.
La Patrulla Fronteriza dijo a Univision Noticias que “no opera ni mantiene ningún centro de detención” para menores. “Contamos con centros de procesamiento”, apuntó un portavoz.
Los menores bajo custodia de la Patrulla Fronteriza permanecen retenidos en celdas sombrías y de concreto construidas para adultos, añade el Post. Y el tiempo promedio de permanencia es de 107 horas (35 horas más de lo permitido) hasta que son entregados bajo la custodia del HHS.
En junio de 2019, durante el gobierno de Donald Trump, la cantidad de UAC era de unos 2,600, de acuerdo con testimonios entregados al Congreso por dos exfuncionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que participaron en el manejo de esta crisis.
Un año antes, las instalaciones de la Patrulla Fronteriza donde fueron procesados los menores fueron tildadas como “hieleras” o “jaulas”. Los centros fueron luego reacondicionados, pero las actuales instalaciones “no son mucho mejores” que las anteriores, dice el periódico.
“Los jóvenes esperan en celdas estrechas y austeras con pisos y bancos de concreto. Las luces permanecen encendidas las 24 horas del día”, según relatos de agentes. “Y hay pocos lugares para jugar”.
“Muchos de nosotros, tal vez la mayoría de nosotros, somos padres”, agregó Miller a periodistas el miércoles. “Yo mismo tengo un hijo de 6 años, y estos agentes de la Patrulla Fronteriza van más allá todos los días para cuidarlos”.
En abril del 2020 la Patrulla Fronteriza había advertido que, a pesar de la pandemia del coronavirus, se registraba un aumento en la llegada de inmigrantes que vienen a Estados Unidos en busca de asilo.
En noviembre, siete meses más tarde, la oleada aumentó tras el fallo de una corte federal en Washington DC que prohibió al gobierno de Trump retener y deportar a menores no acompañados y ajustarse a lo estipulado en el Acuerdo Judicial Flores de 1997, para que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en el país.
Pero tras la victoria de Biden en los comicios presidenciales, la promesa de presentar en sus primeros 100 días una reforma migratoria y revertir la política de tolerancia cero de Trump, la llegada y el número de extranjeros detenidos en la frontera con México alcanzas cifras preocupantes, con más de 100,000 sólo en las últimas cuatro semanas.
El Post dice que la Casa Blanca se apresura a adaptarse a la oleada, pero con pocas señales de una estrategia para contenerla.
Entre las primeras acciones emprendidas por Biden para encarar el problema se incluye la cancelación del Programa de Protección del Migrante (MPP), que entre enero de 2019 y el 2020 regresó a México a unos 65,000 inmigrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en la Corte de Inmigración de Estados Unidos, y el levantamiento del estado de emergencia.
Ambas medidas activaron el Acuerdo Flores y la Ley TVPRA de 2008 sobre prevención de tráfico humano, medidas que ponen en aprietos al gobierno porque no cuenta con una infraestructura adecuada para responder a una crisis que crece con el paso de los días.
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