Nueve años después, DACA sigue incierto en medio de promesas de reforma migratoria

06/15/2021 21

En el noveno aniversario de la Acción Diferida para los llegados en la infancia, dreamers dicen que ya es tiempo de que el Congreso actúe y les apruebe un camino hacia la legalización permanente. Y advierten que seguirán batallando, porque también está en juego el futuro de sus padres y hermanos, algunos de los cuales llevan décadas viviendo en EEUU.

“Siempre hemos sabido que DACA es temporal y muchos han quedado fuera. Nueve años después necesitamos mucho más y por eso estamos empujando a los demócratas”, dice Karen Reyes, una dreamers que en los últimos siete años ha trabajado como maestra.

Reyes vive en Austin (Texas) y en mayo, junto a otros cinco dreamers, se reunió con el presidente Joe Biden en la Oficina Oval de la Casa Blanca para hablar del futuro inmediato.

El presidente l es habló de un proyecto de ley Sueños y Promesas 2021 aprobado el 18 de marzo por la Cámara de Representantes que incluye un camino a la ciudadanía para cerca de 1 millón de dreamers, entre ellos unos 700,000 soñadores amparados pajo el programa DACA, creado por el expresidente Barack Obama en junio de 2012, hace exactamente 9 años.

“Muchos jóvenes se quedaron fuera de DACA porque no calificaron por los requisitos. Pero el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista los incluye”, agrega, pero advierte que su aprobación depende ahora de los republicanos del Senado.

“Es el camino que esperamos. Una vez recibamos la residencia, entonces podemos luchar por la permanencia de nuestros padres y hermanos. Agradecemos DACA, pero necesitamos más. Si esto no se arregla, el programa puede nuevamente ser atacado como ocurrió en el 2027, cuando el expresidente Donald Trump lo canceló”, dijo Reyes.

Audiencia clave

Las preocupaciones de Reyes y de otros 700,000 soñadores podrían ser clarificadas este martes, cuando el Comité Judicial del Senado celebre una audiencia para debatir si envía al pleno dos proyectos de ley aprobados el 18 de marzo por la Cámara de Representantes.

Uno incluye un camino a la ciudadanía para dreamers y titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS). El otro favoirece a cerca de 2 millones de trabajadores agrícolas indocumentados.

Ambos grupos calificarán para una residencia temporal por 10 años al término de los cuales podrán optar solicitar la residencia legal permanente. Cinco años después serán elegibles para pedir la ciudadanía por naturalización.

Los proyectos, a pesar de contar con apoyo bipartidista, en el Senado dependen para su aprobación de una delicada negociación encabezada por la Casa Blanca, que debe decidir cuánto capital político invertirá, tanto en el plan migratorio como en el ambicioso plan de infraestructura.

Horas antes de la celebración de la audiencia, la organización FDW.us lanzó un video a través de redes sociales con la historia de dos beneficiarias de DACA donde piden al Congreso que apruebe una legislación que les permita alcanzar la residencia (Green Card) y luego la ciudadanía.

El llamado también incluye a unos 300,000 titulares de TPS y trabajadores agrícolas esenciales, la mayoría de los cuales llevan años viviendo en Estados Unidos, cada día, con el miedo a ser detenidos, separados de sus familias y deportados de Estados Unidos por el simple hecho de no tener papeles de estadía legal.

En el mensaje participan las hermanas Pamela y Daniela Chomba, beneficiarias de DACA que crecieron en Nueva Jersey y comparten un estrecho vínculo. Esta semana ellas cumplen 20 años desde que emigraron a Estados Unidos con su familia.

“Mi familia ha esperado más de dos décadas por una reforma migratoria significativa que nos ponga en el camino hacia la ciudadanía y nos permita continuar construyendo nuestras vidas aquí”, dice Pamela. “Si bien DACA ha sido transformador, mi vida y la vida de cientos de miles de otros dreamers, continúa en juego hasta que el Congreso nos proteja permanentemente de la deportación”.

Daniela, por su parte, señala que “cientos de miles de beneficiarios de DACA como nosotros, y millones de familias inmigrantes más que han construido sus vidas aquí, han esperado durante décadas la oportunidad de obtener la ciudadanía. Es profundamente frustrante que la trayectoria de mi vida sea moldeada todos los días por legisladores que se niegan a hacer cambios que podrían mejorar de manera tangible millones de vidas, a pesar de tener el poder para hacerlo”.

El ataque de Trump

El 5 de septiembre de 2017 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, siguiendo instrucciones de Trump, eliminó el programa. Cuatro meses después, una corte de San Francisco (California) determinó que la cancelación de DACA fue una decisión “caprichosa y arbitraria” y ordenó que fuera restablecido tal y como se encontraba el 4 de septiembre de 2017, excepto para dreamers que antes no se habían registrado.

El programa otorga un amparo temporal de deportación y una autorización de empleo (permiso de trabajo) válido por el tiempo que dura la protección.

Otros tres fallos similares confirmaron la vigencia del programa, entre ellos la Corte de Apelaciones del 4º Circuito que le dio la razón a los defensores del beneficio migratorio.

El dictamen le abrió las puertas al gobierno para acudir a la Corte Suprema, pedirle que revisara las sentencias de los tribunales inferiores y cancelara la protección, tal como lo estableció Sessions en 2017. En noviembre de 2019 la Corte Suprema escuchó los argumentos orales de las partes.

El 18 de junio de 2020 el máximo tribunal de justicia dictaminó que el gobierno de Trump no podía proceder con su plan para poner fin a DACA y lo mantuvo vivo en los mismos términos que fue activado el 15 de junio de 2012.

La Corte dijo además que el Ejecutivo no siguió los procedimientos requeridos por la ley y no sopesó adecuadamente cómo afectaría la finalización del programa a quienes llegaron a confiar en sus protecciones contra la deportación y la capacidad de trabajar legalmente.

Pero el fallo no protege del todo a los dreamers. Una corte federal de Texas tiene en sus manos el futuro del programa luego de una demanda presentada en 2018 por nueve estados encabezados por Texas, quienes alegan que el programa activado por Obama usa recursos estatales para educación y salud, y viola la ley federal de inmigración.

“Por eso necesitamos una solución permanente”, dice Reyes. “Llevamos nueve años esperando a que el Congreso lo haga”.

Fuente: Univision.com

Written by: Editor

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