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El fiscal general Merrick Garland dijo que Texas no tiene “ninguna autoridad para interferir” con los amplios poderes del gobierno federal en materia de inmigración y planteó la posibilidad de una demanda si no se levanta la orden.
Una nueva orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, que permite a los policías estatales detener y dar la vuelta a los vehículos que transportan a inmigrantes bajo la sospecha de que podrían aumentar la propagación del covid-19 provocó este jueves una rápida reacción y una amenaza de demanda por parte del Departamento de Justicia.
El fiscal general Merrick Garland instó en una carta dirigida a Abbott a retirar inmediatamente la directiva un día después de que fuera emitida, advirtiendo que es “peligrosa e ilegal”.
Garland dijo que Texas no tenía “ninguna autoridad para interferir” con los amplios poderes del gobierno federal en materia de inmigración y planteó la posibilidad de una demanda si no se levanta la orden.
La orden de Abbott permite al Departamento de Seguridad Pública de Texas “detener cualquier vehículo ante la sospecha razonable” de que estaba proporcionando transporte terrestre a un grupo de migrantes. Los agentes podrían entonces redirigir los vehículos de vuelta a su punto de origen o incautarlos.
La carta del fiscal general es una de las más contundentes de la administración de Biden sobre las acciones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México tomadas por Abbott, quien durante meses ha tratado de emular la línea dura del expresidente Donald Trump en materia de inmigración.
Las más recientes medidas de Abbott en materia migratoria en Texas incluyen el encarcelamiento de migrantes por delitos en el estado (violación de propiedad privada) y la construcción de nuevas vallas fronterizas.
Abbott, que ha gobernado en Texas por dos mandatos y se presentará a la reelección en 2022, dijo al defender su medida que es necesario “hacer más para proteger a los tejanos de este virus y reducir la carga en nuestras comunidades”.
A pesar del aumento de casos de covid-19, debido a la rápida propagación de la variante delta, Abbott emitió además el jueves por la noche una orden ejecutiva que prohíbe el uso de mascarillas así como la vacunación obligatoria invocando el “derecho y la responsabilidad individual” en el estado. Lo hizo pocas horas después de que Biden pidiera a los estados que hicieran más por incentivar la vacunación.
En un comunicado de respuesta a la carta de Garland, Abbot acusó a la Administración Biden de poner “en peligro la salud y la seguridad de los tejanos a diario al negarse a cumplir la ley”.
“Estas políticas y acciones irresponsables de la Administración Biden están poniendo en peligro la vida de muchos estadounidenses, así como la de los propios inmigrantes ilegales. Tomaré todas las medidas disponibles que sean coherentes con la ley para cumplir con mi deber de proteger la salud y la seguridad de todos los tejanos”, apostilló el gobernador en su comunicado.
Defensores de inmigrantes rechazan la orden ejecutiva
Grupos defensores de los inmigrantes calificaron de “caótica y equivocada” la orden ejecutiva emitida por Abbott, alegando que podría invitar a la elaboración de perfiles raciales y restringir la capacidad de los refugios para acoger a las familias recién llegadas.
“Cualquier política que contribuye al sufrimiento humano es equivocada y necesita ser corregida”, dijo la hermana Norma Pimentel, directora de la fundación Caridades Católicas del Valle del Río Grande en Texas.
Pimentel explicó que esta orden surgió después una controversia cuando se informó esta semana que una familia migrante que estaba en cuarentena tras dar positivo al covid-19 en un hotel en la población de La Joya, Texas, había dejado su habitación y caminado por las calles hacia un restaurante de comida rápida.
Pimentel aseguró que este es un caso “aislado” y lamentó que esté causando tanta información equivocada y haya desatado este tipo de serias consecuencias.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas calificó la orden de Abbott como un nuevo ataque contra los migrantes.
La organización aseguró en un comunicado que la nueva directiva es inconstitucional y viola los derechos civiles ya que fomentará las prácticas de perfil racial en el estado.
“El decreto continúa una larga historia racista de culpar a los inmigrantes y las comunidades en la frontera por la propagación de enfermedades. No hay ninguna razón para que el gobernador detenga los viajes en el estado de Texas que no sea para aterrorizar a estas comunidades y distraer la atención de sus propios fracasos de liderazgo”, declaró ACLU Texas en el comunicado.
Por su parte, el representante estatal demócrata, Rafael Anchia, reafirmó esta afirmación: “culpar a los inmigrantes de la actual oleada de coronavirus en su orden ejecutiva, es un intento flagrante de absolver su liderazgo ineficaz que, en última instancia, condujo a la pérdida innecesaria de vidas de nuestros compatriotas tejanos”.
Fuente: Univision.com
Written by: Editor
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