Corte de apelaciones rechaza pedido del gobierno de Biden de retrasar el restablecimiento de la política de ‘Quédate en México’

La decisión del tribunal de apelaciones se dio el mismo día que un juez, también de Texas, bloqueó dos políticas adoptadas por el gobierno, una en enero y otra en febrero, que limitaban las prioridades de arresto de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El juez Drew Tipton falló que la política de Biden viola los mandatos del Congreso, y que era probable que los estados de Louisiana y Texas, que demandaron la orden, tuvieran éxito en su afirmación de que la política “viola la Ley de Procedimientos Administrativos (APA)”.

“Esta orden preliminar está dada a nivel nacional y prohíbe la ejecución e implementación, en cualquier lugar donde el gobierno tengas jurisdicción para implementar los memorandos del 20 de enero de 2021 y del 18 de febrero de 2021”, dictó el juez.

“Es una derrota para el gobierno actual ya que la decisión es a nivel nacional”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“Inmigrantes con un récord criminal, que tengan un caso pendiente en corte o que ya fueron convictos, deben buscar asesoría legal lo antes posible para saber sus opciones y recursos legales disponibles, y defender sus permanencias en Estados Unidos”, indicó.

Programa caótico

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) recordó que el 23 de marzo del año pasado el DHS y la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-) “suspendieron todas las audiencias del MPP”, una decisión que tildó de “caótica y confusa que llevó a algunas personas a viajar a los puertos de entrada solo para ser rechazadas y otras a perder la oportunidad de recibir avisos de audiencias reprogramadas”.

En febrero de este año la Casa Blanca dijo que de los más de 68,000 casos afectados por el MPP, solo 25,000 se encontraban activos, a quienes se les permitió entrar escalonadamente a Estados Unidos para ser procesados con la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El 23 de junio el DHS amplió la elegibilidad para el procesamiento a las personas en México con órdenes de deportación en ausencia o cuyos casos fueron rescindidos.
“Durante dos años el MPP “infligió un dolor y sufrimiento inconmensurables a las personas solicitantes de asilo con el pretexto de asegurar la frontera”, dijo Allen Orr, presidente de AILA.

“Cualquiera que apoye el regreso del MPP no ha visto lo que nosotros vimos”, dijo Orr, precisando además que el gobierno “debe permanecer firme en su compromiso y presentar todas las apelaciones necesarias para asegurarse de que Estados Unidos no retroceda y adopte la visión antiinmigrante y restrictiva apoyada por unos pocos elegidos”.

Condiciones de Kacsmary

Para asegurar el cumplimiento de la orden emitida el viernes de la semana pasada, el juez Kacsmary ordenó al gobierno el restablecimiento del MPP (a partir del 21 de agosto) y que partir del 15 de septiembre de 2021 el Gobierno debe presentar ante el tribunal el día 15 de cada mes:

• Un informe que indique el número total mensual de encuentros en la frontera con México;
• El número total mensual de extranjeros deportados bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, la Sección 1225 de la Ley de Inmigración o bajo cualquier otro estatuto;
• Capacidad de detención total de indocumentados y tasa de uso actual;
• El número mensual total de “solicitantes de admisión” según la Sección 1225;
• El número total mensual de “solicitantes de admisión” bajo la Sección 1225 en libertad condicional en Estados Unidos; y
• El número total mensual de “solicitantes de admisión” bajo la Sección 1225 liberados en Estados Unidos, en libertad condicional.

Kacsmary indicó además que la medida cautelar “se otorga a nivel nacional” y que nada del dictamen “requiere que el DHS tome ninguna acción de inmigración o expulsión, ni retener su discreción legal hacia cualquier individuo que de otra manera no tomaría”.

Fuente: Univision.com