La Corte de Apelaciones del 5to Circuito rechazó el jueves un recurso interpuesto esta semana por el Departamento de Justicia (DOJ) que buscaba retrasar el restablecimiento del Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como “Quédate o permanece en México”.
La Corte de Apelaciones del 5to Circuito rechazó el jueves en horas de la noche un recurso interpuesto esta semana por el Departamento de Justicia (DOJ) que buscaba retrasar el restablecimiento del Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como Permanecer el México.
El tribunal, basado en Nueva Orleans, negó el pedido del gobierno de Joe Biden que buscaba frenar una orden emitida el viernes de la semana pasada por el juez federal de distrito de Amarillo (Texas), Matthew J. Kacsmaryk, quien ordenó reinstaurar el programa este sábado.
El Gobierno “no ha realizado la demostración necesaria” para rebatir los argumentos de los demandantes (Texas y Missouri), por lo que la moción de suspensión solicitada es “denegada”, dijo el tribunal.
Kacsmaryk dio un plazo de siete días al gobierno para apelar la decisión antes de cumplir con la orden.
El MPP fue activado a finales de enero de 2019 luego que México se negara a convertirse en Tercer País Seguro para aceptar a solicitantes de asilo deportados por el gobierno de Donald Trump en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.
El programa estuvo en vigor dos años hasta que fue eliminado por Biden el 20 de enero de este año. Durante ese período más de 68,000 migrantes fueron devueltos a México a esperar la resolución de sus casos judiciales de asilo.
Tras el fallo en contra, el DOJ puede ahora acudir a la Corte Suprema de Justicia y solicitar una suspensión de emergencia de reinstalación del MPP.
En un dictamen de 53 páginas, Kacsmaryk respondió a una demanda presentada en abril por los estados de Texas y Missouri (liderados por republicanos), quienes aseguran que la suspensión del programa empeora las condiciones en la frontera y permite que “delincuentes” entren al país.
El juez determinó que el MPP disuade a los migrantes que no calificaban para pedir asilo de venir a Estados Unidos. Y consideró que se causó un daño a los estados demandantes porque al liberar a los migrantes se les permitió usar los servicios de salud, aplicar a una licencia para conducir e ir a la escuela, en el caso de los niños.
“La única forma de evitar el restablecimiento de este desastre humanitario es si el gobierno de Biden obtiene con éxito un fallo de suspensión de emergencia de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito o la Corte Suprema”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, asesor de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC).
El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó al tribunal que demorara la reinstalación del programa mientras se cursaba la apelación.
En el escrito, el gobierno argumentó que el presidente, en uso de su poder Ejecutivo, “tiene la clara autoridad de determinar las políticas migratorias”. Y que el secretario de Seguridad Nacional, a su vez, “tiene la discreción” de decidir si envía o regresa a México a quienes piden asilo en Estados Unidos.
Tanto Texas como Missouri, los demandantes, se habían opuesto a la suspensión del MPP y reclamaban el cumplimiento de la orden de Kacsmaryk a partir del sábado.
“Aun si el Gobierno tuviera razón en que el cumplimiento de la orden causaría daño irreparable a largo plazo, no ha presentado razón válida para no cumplir con la orden dada de buena fe mientras procede la apelación”, falló la Corte de Apelaciones del 5to Circuito.
Postura de la Casa Blanca
El martes la Casa Blanca dijo a Univision Noticias que el Departamento de Justicia trabajaba en la apelación al fallo emitido la semana pasada. E indicó que el gobierno “seguía comprometido con la implementación de un sistema de inmigración justo y ordenado”, tal y como lo anunció el presidente en enero, cuando tomó posesión del cargo. Y en febrero cuando anunció los primeros cambios para restaurar el sistema de asilo.
La decisión del tribunal de apelaciones se dio el mismo día que un juez, también de Texas, bloqueó dos políticas adoptadas por el gobierno, una en enero y otra en febrero, que limitaban las prioridades de arresto de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
El juez Drew Tipton falló que la política de Biden viola los mandatos del Congreso, y que era probable que los estados de Louisiana y Texas, que demandaron la orden, tuvieran éxito en su afirmación de que la política “viola la Ley de Procedimientos Administrativos (APA)”.
“Esta orden preliminar está dada a nivel nacional y prohíbe la ejecución e implementación, en cualquier lugar donde el gobierno tengas jurisdicción para implementar los memorandos del 20 de enero de 2021 y del 18 de febrero de 2021”, dictó el juez.
“Es una derrota para el gobierno actual ya que la decisión es a nivel nacional”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
“Inmigrantes con un récord criminal, que tengan un caso pendiente en corte o que ya fueron convictos, deben buscar asesoría legal lo antes posible para saber sus opciones y recursos legales disponibles, y defender sus permanencias en Estados Unidos”, indicó.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) recordó que el 23 de marzo del año pasado el DHS y la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-) “suspendieron todas las audiencias del MPP”, una decisión que tildó de “caótica y confusa que llevó a algunas personas a viajar a los puertos de entrada solo para ser rechazadas y otras a perder la oportunidad de recibir avisos de audiencias reprogramadas”.
En febrero de este año la Casa Blanca dijo que de los más de 68,000 casos afectados por el MPP, solo 25,000 se encontraban activos, a quienes se les permitió entrar escalonadamente a Estados Unidos para ser procesados con la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El 23 de junio el DHS amplió la elegibilidad para el procesamiento a las personas en México con órdenes de deportación en ausencia o cuyos casos fueron rescindidos.
“Durante dos años el MPP “infligió un dolor y sufrimiento inconmensurables a las personas solicitantes de asilo con el pretexto de asegurar la frontera”, dijo Allen Orr, presidente de AILA.
“Cualquiera que apoye el regreso del MPP no ha visto lo que nosotros vimos”, dijo Orr, precisando además que el gobierno “debe permanecer firme en su compromiso y presentar todas las apelaciones necesarias para asegurarse de que Estados Unidos no retroceda y adopte la visión antiinmigrante y restrictiva apoyada por unos pocos elegidos”.
Para asegurar el cumplimiento de la orden emitida el viernes de la semana pasada, el juez Kacsmary ordenó al gobierno el restablecimiento del MPP (a partir del 21 de agosto) y que partir del 15 de septiembre de 2021 el Gobierno debe presentar ante el tribunal el día 15 de cada mes:
- Un informe que indique el número total mensual de encuentros en la frontera con México;
- El número total mensual de extranjeros deportados bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, la Sección 1225 de la Ley de Inmigración o bajo cualquier otro estatuto;
- Capacidad de detención total de indocumentados y tasa de uso actual;
- El número mensual total de “solicitantes de admisión” según la Sección 1225;
- El número total mensual de “solicitantes de admisión” bajo la Sección 1225 en libertad condicional en Estados Unidos; y
- El número total mensual de “solicitantes de admisión” bajo la Sección 1225 liberados en Estados Unidos, en libertad condicional.
Kacsmary indicó además que la medida cautelar “se otorga a nivel nacional” y que nada del dictamen “requiere que el DHS tome ninguna acción de inmigración o expulsión, ni retener su discreción legal hacia cualquier individuo que de otra manera no tomaría”.
Fuente: Univision.com
