En un regreso a la actividad presencial tras la pausa del coronavirus, el Máximo Tribunal deberá encarar casos de alta carga política, en un momento en el que se cuestiona su balance ideológico y legisladores liberales pugnan por aumentar el número de magistrados para neutralizar la actual mayoría conservadora.
La Corte Suprema vuelve este lunes su actividad presencial tras 18 meses de gestión virtual forzada por la pandemia del coronavirus, en lo que promete ser un periodo controversial, plagado de temas divisivos como el aborto, las armas, derechos religiosos y pena de muerte. Todo, en medio del cuestionamiento en algunos sectores a la composición ideológica del alto tribunal que cuenta con una mayoría de magistrados conservadores.
Los casos de más alta carga política pondrán a prueba el liderazgo del presidente de la Corte Suprema, magistrado John Roberts, quien ahora flanqueado por cinco jueces a su derecha y tres a su izquierda, y con ello perdió la capacidad de actuar como balanza en algunas decisiones.
En un momento en el que los jueces se han puesto a la defensiva sobre su imparcialidad, una encuesta realizada por Gallup el mes pasado reveló que solo el 40% de los estadounidenses aprueba el trabajo del tribunal, el porcentaje más bajo desde el año 2000, cuando Gallup planteó la pregunta por primera vez (cuando un 60% lo aprobaba y un 29% lo rechazaba).
La jueza conservadora Amy Coney Barrett, nombrada por el entonces presidente Donald Trump poco antes de las elecciones presidenciales de 2020, dio al tribunal una holgada mayoría de 6 a 3.
En una audiencia en Kentucky el mes pasado, Barret manifestó: «mi objetivo hoy es convencerles de que este tribunal no está compuesto por un grupo partidista». Otros jueces han insistido en que sus fallos no estaban motivados por sus preferencias políticas.
En los últimos meses, la mayoría conservadora del alto tribunal ha rechazado medidas de Joe Biden en materia de asilo y la suspensión de desalojos por la emergencia de la pandemia.
Además, permitió que entrara en vigor la polémica ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo, rompiendo con la costumbre de dejar en suspenso leyes que pueden afectar derechos constitucionales hasta que el fondo de la misma sea debatido. En la votación Roberts se unió al lado de los jueces que manifestaron su disenso.
En el Congreso, muchos legisladores demócratas dudan del ‘equilibrio’ de la Corte y han pedido modificaciones legales que permitan añadir más asientos al tribunal para, en su opinión, restaurar el llamado balance ideológico perdido tras la muerte de la jueza Ruht Bader Ginsburg.
Una comisión presidencial está recogiendo testimonios sobre el poder del tribunal y las propuestas para ampliar su composición, limitar la permanencia vitalicia de los jueces y exigir más transparencia. El próximo mes la comisión debe presentar un informe al presidente Biden.
Además, es posible que se acerque el momento de otro cambio en la corte: el juez Stephen G. Breyer, de 83 años, nominado por el presidente Bill Clinton, se enfrenta a una creciente presión para retirarse, aprovechando que hay un demócrata en la Casa Blanca que puede nombrar a un sustituto que apuntale el campo progresista.
Los jueces se reunirán en persona para los argumentos este lunes, aunque el juez Brett Kavanaugh, el segundo que designado por Trump, participará a distancia desde su casa después de dar positivo en la prueba de covid-19 a finales de la semana pasada. Kavanaugh, que fue vacunado en enero, no muestra síntomas, dijo el tribunal. Todos los demás jueces también han sido vacunados.
El tribunal permanece cerrado al público. Solo estarán presentes los abogados que intervienen en los casos y los periodistas que cubren regularmente la actividad, y cualquier persona que no esté en el uso de la palabra tendrá que llevar mascarilla. La corte también exige que los abogados y los periodistas que quieran estar en la sala muestren una prueba negativa de covid-19.
Los abogados que den positivo podrán presentar sus argumentos por teléfono, dijo el tribunal. Esa es la forma en que los abogados habían estado argumentando ante el tribunal debido a la pandemia.
El público seguirá pudiendo escuchar los procedimientos en directo, otro cambio realizado durante la pandemia, pero el lunes será la primera vez que se podrá escuchar el audio en directo de los procedimientos de la sala, a través de un enlace en la página web del tribunal.
La vuelta a la sala de vistas hace mucho menos probable que se produzcan ruidos extraños, como el sonido de una cisterna de inodoro que se pudo escuchar durante una discusión el año pasado.
Los casos del lunes no se encuentran entre las esperadas disputas que el tribunal arbitrará en esta legislatura. Uno de los casos es una lucha entre Mississippi y Tennessee por el agua de un acuífero subterráneo que se encuentra bajo partes de ambos estados. El otro tiene que ver con una sentencia mínima obligatoria de 15 años de prisión para un hombre con antecedentes penales que fue condenado por tener un arma. La ley federal impide a los delincuentes poseer armas de fuego.
Estos son tres de los principales temas que debatirá la Corte Suprema en esta etapa:
Abogados de la Organización de Salud de la Mujer de Jackson (Mississippi) han solicitado a la Corte Suprema la invalidación de la restrictiva «Ley de Edad Gestacional» de Mississippi, aprobada en 2018 y bloqueada luego por dos tribunales, que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas, y autoriza el procedimiento «solo en casos de emergencia médica o por anormalidad fetal grave». La legislación no contempla excepciones por casos de violación o incesto. Si los médicos realizan abortos fuera de los parámetros de la ley, se les suspende o revoca la licencia médica y pueden ser objeto de sanciones y multas adicionales.
Los demandantes piden que se mantenga la referencial decisión de 1973, Roe v. Wade, que legalizó el aborto en todo el país antes de la viabilidad, que puede producirse en torno a las 24 semanas de embarazo. La histórica sentencia fue reafirmada 20 años después en el caso Planned Parenthood contra Casey.
El nuevo caso de Mississippi se debatirá el 1 de diciembre. Muchos críticos señalan que la politización que ha tenido el Máximo Tribunal en los últimos años y la composición de la Corte de mayoría conservadora podría influenciar la decisión en este caso.
«A menos que se perciba que la Corte no representa más que las preferencias de sus miembros actuales, es fundamental que la protección judicial se mantenga firme», escribió (citada por medios) Julie Rikelman, del Centro de Derechos Reproductivos.
El fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, en un escrito dirigido a los jueces, plantea que el caso Roe v. Wade fue «atrozmente erróneo» y «debería ser anulado».
«La conclusión de que el aborto es un derecho constitucional no tiene ninguna base en el texto, la estructura, la historia o la tradición», escribió Fitch, quien dice que los argumentos para anular Roe son «abrumadores».
El caso ha cobrado mayor relevancia tras la reciente decisión de la Corte Suprema por 5 votos a 4, que permitió la entrada en vigor la ley que prohíbe el aborto en Texas después de seis semanas de embarazo, antes de que la mayoría de las mujeres sepan de su estado. La ley de Texas permite a los ciudadanos particulares demandar a los médicos y a otras personas sospechosas de ayudar a una paciente a someterse al procedimiento.
El día 3 de noviembre se espera que sea la audiencia sobre un caso relacionado con el derecho a portar armas vinculado a la Segunda Enmienda, refiere CNN.
El caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen es sobre una ley promulgada en el estado de Nueva York que regula las licencias para llevar armas ocultas en público.
La legislación exige que los compradores de armas obtengan un permiso que demuestra una «causa adecuada» para portar armas, basado en un «peligro especial o único para sus vidas» y no en una simple razón genérica de autodefensa. Tanto la fiscal general de Nueva York, Letitia James como el procurador general del estado, Brian H. Fletcher, han apoyado la norma.
El gobierno de Biden dijo en un escrito dirigido al tribunal que si bien la Segunda Enmienda protege el derecho de un individuo a tener y portar armas, ese derecho «no es absoluto».
El pasado 8 de septiembre la Corte Suprema concedió un indulto temporal de última hora al recluso John Henry Ramírez, condenado a muerte por un asesinato cometido en 2004.
La ejecución de Ramírez se iba a llevar a cabo ese mismo día en una cárcel de Texas, pero el condenado pidió como último deseo que su pastor le impusiese las manos en el momento de recibir la inyección letal.
El estado de Texas y dos tribunales inferiores habían rechazado su solicitud porque el estado permite que un asesor espiritual esté presente en la sala al momento de la muerte, pero debe estar alejado del condenado.
Apenas horas antes de la ejecución, el Máximo Tribunal emitió una orden concediendo su solicitud de suspensión mientras decide si se violaron sus derechos religiosos, un caso que se resolverá en octubre o noviembre.
Fuente: Univision.com
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