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Biden desmantela con decretos la ‘tolerancia cero’ de Trump ante inacción del Congreso

today11/02/2021 14

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La promesa migratoria se está convirtiendo en un reto complejo para el gobierno. Nueve meses después de llegar a la Casa Blanca, el mandatario solo ha conseguido que la Cámara de Representantes apruebe dos iniciativas de ley que ofrecen un camino a la ciudadanía para unos 4 millones de indocumentados.

La reforma migratoria se está convirtiendo en un reto complejo para el gobierno de Joe Biden. Nueve meses después de llegar a la Casa Blanca el mandatario solo ha conseguido que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, apruebe dos iniciativas de ley que ofrecen un camino a la ciudadanía para unos 4 millones de indocumentados (dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal -TPS- y trabajadores agrícolas).

Ambos planes incluyen una residencia provisional por 10 años al término de los cuales los beneficiarios calificarán para recibir la residencia permanente (Green Card). Cinco años más tarde serán elegibles para pedir la ciudadanía por naturalización.

Los proyectos contaron con apoyo de republicanos. Pero cuando fueron enviados al Senado, donde ambos partidos tienen 50 votos cada uno y el empate lo rompe la vicepresidenta Kamala Harris, la oposición dijo que no daba un solo voto hasta que fuera resuelta la crisis en la frontera.

La crisis persiste, el número de arrestos de indocumentados sigue estableciendo récords y los republicanos aseguran que el problema fue generado por Biden cuando puso fin a la política migratoria de ‘tolerancia cero’ implementada por el expresidente Donald Trump entre enero de 2017 y enero de este año.

La negativa republicana en la Cámara Alta no solo le cerró, por ahora, la puerta a la reforma migratoria de Biden, sino que le bloqueó el paso al cumplimiento de una promesa que, de no ser resuelta, puede afectar a los demócratas en la elección de medio término del 2022, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para renovar la Cámara Baja y un tercio del Senado.

Solos es “muy difícil”

No hay cálculos de probabilidades de éxito con la reforma migratoria en el Congreso. “La reforma seguirá siendo muy difícil de pasar porque casi no hay nada de apoyo por parte de los republicanos”, dice Roberto Izurieta, director de los programas de América Latina y Campañas Políticas de la Universidad George Washington.

“La mayoría de los demócratas la apoyan en cualquiera de sus formas, pero no consiguen ni siquiera un mínimo de votos republicanos” (en el Senado, donde necesitan entre 10 y 12, dependiendo si Sinema y Manchin votar a favor del paquete de reconciliación del presupuesto), apuntó.

“Ese es el reto. Pero aún por lo difícil que haya sido, sigo convencido que se conseguirá en cualesquiera de sus formas”, precisó Izurieta, incluyendo la vía Ejecutiva.

A la pregunta si la reducción del poder de discreción de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para deportar indocumentados podría darle a Biden la herramienta para cumplir siquiera una parte de su promesa electoral, Izurieta dijo que, lamentablemente “la crisis migratoria de la frontera no favorece los esfuerzos por una reforma migratoria. Ese ha sido uno de los graves problemas y se debe atender ambos retos por igual”.

En cuanto a las elecciones de medio tiempo del 2022 y la posibilidad de un voto de castigo a los demócratas -y a Biden-, indicó que “como hay dos partidos, la pregunta es a quién los votantes le echarán más la culpa porque no haya una reforma migratoria”.

“Lo segundo, el problema para los demócratas es que los latinos no votan y en la elección de medio término el voto latino es esencial” para decidir el control de ambas cámaras del Congreso.

Intentos fallidos

Para aprobar leyes en la Cámara Alta se requieren 60 votos y los demócratas solo tienen 50. Pero en realidad solo tienen asegurados 48 porque los votos de los senadores Kyrsten Sinema (Arizona) y Joe Manchin (West Virginia) no son votos asegurados.

Al no tener los votos mínimos necesarios para aprobar una reforma migratoria, los demócratas se vieron forzados a utilizar la herramienta conocida como “paquete de reconciliación” en el debate sobre el presupuesto de gastos para el año fisca 2022 que tampoco tiene 60 votos. Este recurso permitiría aprobar ambas leyes con una minoría simple de 51. Pero para eso necesitan asegurar dos escenarios: que los 50 senadores demócratas estén de acuerdo y el visto bueno de la principal asesora el Senado, la abogada Elizabeth MacDonough (Parlamentarian).

El primer escenario (los 50 votos) depende de las negociaciones sobre el monto total del presupuesto, un asunto que todavía está siendo ventilado entre la bancada y la Casa Blanca. Y en cuanto al segundo escenario, la situación es compleja y delicada.

En septiembre el liderazgo demócrata le presentó a MacDonough dos informes. El primero, denominado Plan A, incluía los dos proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes el 18 de marzo con una vía de legalización para dreamers, titulares de TPS y trabajadores agrícolas más la inclusión de trabajadores esenciales, elevando el numero de beneficiarios de 4 a 8 millones de indocumentados.

El segundo intento, conocido como Plan B, consistió en mover la fecha de la Ley del Registro, una disposición que permite a ciertos extranjeros sin papeles que se encuentran en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 1972, carecen de antecedentes criminales y tienen buen carácter moral, solicitar la residencia legal permanente (LPR o Card). El plan era mover la fecha al 1 de enero de 2010 y con ello legalizar a unos 8 millones de indocumentados.

Ambos planes fueron rechazados por MacDonough, quien argumentó en sus decisiones que en ambas iniciativas el cambio de estatus “sigue siendo un cambio de por vida en circunstancias cuyo valor supera ampliamente su impacto presupuestario”.

El Plan C y la estrategia de Biden

A diferencia de los dos primeros intentos, ambos con una vía hacia la Green Card (tarjeta verde) y luego la ciudadanía por naturalización, el Plan C que sugerirán los demócratas es menos generoso: protegería a 8 millones de indocumentados de la deportación -con una acción diferida de deportación similar a DACA- y les concedería un permiso se trabajo renovable.

Fuentes demócratas del Congreso dijeron que hasta la semana pasada “no todos” los parlamentarios están de acuerdo con el proceso que se ha llevado a cabo y estaban esperando que se completara el análisis del impacto presupuestario para entregárselo a la Parlamentarian.

Y que, en el caso de llegarse a un acuerdo, este sería un texto básico “que permitiría luego la redacción de un programa de regularización dentro del paquete presupuestario”.

Al mismo tiempo, los demócratas no han dado por descartado totalmente el Plan B. Y si no hay un Plan C, “podemos regresar a nuestras opciones anteriores y sobrepasar el sistema de las reglas del Senado para incluir inmigración en el paquete de reconciliación”, indicaron.

Pero esta vía los obliga a actuar en bloque. Es decir, necesitarán el apoyo de la totalidad de la bancada más el voto de la vicepresidenta Harris para aprobar el paquete de reconciliación. Y si solo consiguen aprobar el presupuesto de gastos 2022, entonces Biden deberá seguir utilizando su poder ejecutivo para proteger a los 11 millones de indocumentados que están en el país.

Borrando las huellas de Trump

La opción Ejecutiva siempre ha estado sobre la mesa, desde que Biden llego a la Casa Blanca y los demócratas supieron que no tenían votos suficientes en el Senado para aprobar la reforma migratoria.

El presidente, desde que asumió el control de la Casa Blanca, “ha estado deshaciendo, borrando las huellas de Trump”, dijo otra fuente demócrata. “Su gobierno ha estado deshaciendo la política de tolerancia cero y y creando las condiciones para el respeto al debido proceso migratorio en la frontera”.

Durante sus cuatro años de mandato, Trump firmó y emitió más de 400 órdenes ejecutivas y memorandos que cambiaron reglamentos de programas y políticas migratorias sin la aprobación del Congreso. Y varias de ellas fueron desafiadas en los tribunales por violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

Una de las principales exigencias de APA es que, previo a cualquier cambio de política o reglamento, el gobierno debe primero publicar la modificación en el Registro Federal, abrir un plazo para el comentario público, tomarlo en cuenta cuando se elabora la regla final y volver a publicarla en el diario oficial.

El incumplimiento de estas normas permitió que varias políticas dictadas entre 2017 y 2021 fueran canceladas por decisiones arbitrarias tomadas por el gobierno de Trump tras demandas entabladas por demócratas y detractores de la tolerancia cero.

Pero Biden también ha visto detenida su política de reinstalación del debido proceso por cometer el mismo error de Trump. Así y todo, la Casa Blanca sigue adelante con el plan del presidente remodelando la capacidad de discreción de los agentes del DHS para que solo detengan y deporten a inmigrantes con antecedentes criminales graves, y la semana pasada remarcó y definió una larga lista de lugares donde los agentes federales de ICE no pueden proceder a una detención.

Y el viernes el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, anunció un nuevo memorando de cancelación del Programa de Protección del Migrante (MPP) creado por Trump en 2018, cancelado por Biden en febrero de este año y restituido por un juez federal por violaciones a la APA.

“El presidente no se detendrá, seguirá tomando acción ejecutiva para borrar la herencia migratoria de Trump. La diferencia es que, de esta forma los cambios son frágiles, pueden ser cambiados por otro gobierno. Pero si los hace ekl Congreso se quedan permanentes, como la legalización de los 11 millones de indocumentados”, dijo la fuente demócrata.

No pierden las esperanzas

A pesar de lo difícil del escenario legislativo, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes no se rinden y esperan que el Congreso, al final del día, debata y apruebe una reforma migratoria como la prometida por el presidente durante su campaña.

“Nuestras demandas fueron que finalmente apruebe una reforma migratoria que humanice y cree equidad en el sistema migratorio”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

“La reforma tiene que incluir la legalización de 11 millones de indocumentados con residencia permanente y, en segundo lugar, que cesen las deportaciones y la separación de familias en el interior y en la frontera”, agrega.

Salas dijo que en el caso que la Parlamentarian vuelve a pronunciarse en contra de incluir reforma migratoria en el paquete de reco0nciliación, los demócratas deberían descartar el consejo de la asesora del Senado y seguir adelante”.

La activista dijo además que, tanto a la Casa Blanca como a los legisladores del Congreso “les faltan hechos y resultados concretos para cumplir con nuestras demandas y, más importante, con nuestros anhelos para una mejor vida en este país”.

Ben Monterroso, director ejecutivo de Poder Latinx, dijo que “todo lo que haga el presidente y todo aquello que constituya un alivio para la comunidad inmigrante, tenemos que apoyarlo. Y continuar esta lucha hasta que consigamos que se apruebe una reforma migratoria integral”, concluyó.

Fuente: Univision.com

Escrito por Editor

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