La Oficina del Asesor Legal Principal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE-OPLA) otorgó poderes extraordinarios a los fiscales de ICE para tomar las siguientes decisiones:
1. CIERRE ADMINISTRATIVO. Detiene temporalmente los procedimientos de deportación al eliminar un caso de los calendarios activos de la Corte de Inmigración (EOIR).“Significa que el caso es sacado del calendario maestro de la Corte, pero no desaparece el expediente. El caso queda dormido y, en el futuro, pueden ponerlo nuevamente en el calendario y usted deberá ir ante un juez a batallar por su permanencia en Estados Unidos”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
2. TERMINAR UN CASO. “Esta es una mejor opción. Significa que el caso de deportación muere, termina, se acaba”, dice Guerrero.“Para poner nuevamente en proceso de deportación a esa persona deben enviarle una nueva Notificación de Comparecencia (NTA) para un nuevo juicio”, agrega.
3. MOCIÓN DE REAPERTURA. “Esto aplica a personas que tienen una orden de deportación y piden que se reabra su caso para revisarlo. Y decidir de acuerdo con los méritos del expediente y los argumentos que presente el inmigrante que pide este beneficio”.
“Al final del día, esta persona también puede beneficiarse de un cierre administrativo o que su caso termine”, agrega.
Cuáles son las prioridades de deportación
Tal y como ratificó el gobierno en noviembre del año pasado, las prioridades de deportación son:
· Amenaza a la seguridad nacional: un no ciudadano que participe o sea sospechoso de terrorismo o espionaje, o relacionado con el terrorismo o actividades relacionadas con el espionaje, o que represente un peligro para la seguridad nacional.
· Amenaza a la seguridad pública: un no ciudadano que represente una amenaza actual para la seguridad pública, generalmente debido a un delito grave.
· Amenaza a la seguridad fronteriza: un no ciudadano que represente una amenaza para la seguridad fronteriza como coyotes, migrantes con múltiples entradas ilegales, etc.
¿Hay otra prioridad en la lista?
Sí. El memorando de Mayorkas añade que un no ciudadano (indocumentado) es una amenaza para la seguridad fronteriza si:
· Son detenidos en la frontera o puerto de entrada mientras intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
· Son detenidos en Estados Unidos tras haber ingresado ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020.
Nota: Esta fecha es clave para entender las prioridades de deportación del gobierno. Sin embargo, la guía de septiembre indica que, en algunos casos, se requerirá una evaluación más a fondo y se tendrá en cuenta “la totalidad de los hechos y circunstancias” para decidir la deportación.
Por qué dar discreción a fiscales
El gobierno dice que “la discrecionalidad procesal es una característica indispensable en cualquier sistema legal para que funcione. Y que el ejercicio de la discrecionalidad procesal, en este caso, puede preservar los limitados recursos del gobierno, lograr resultados justos y equitativos en casos individuales, y promover la misión del DHS de administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos de una manera inteligente y sensata que promueve la confianza del público.
El memorando recomienda a los fiscales tomar decisiones sobre la base de evaluaciones justas. Para ello recomienda considerar “toda la información disponible” que indique si la persona se trata o no de una amenaza, por ejemplo, a la seguridad pública, nacional o fronteriza.
Una vez hecha la evaluación y agotadas las instancias, entonces tomar una decisión sobre si la persona es deportada o no.
Qué pasa si el caso termina
“La persona sigue teniendo el mismo estatus migratorio. Si estaba indocumentado cuando lo arrestaron, fue a la corte de inmigración, el juez o el fiscal de inmigración le termina el caso, queda libre, pero indocumentado”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
“En estos casos el no ciudadano cuenta con un documento legal que le dice que está amparado, que no constituye una amenaza para la seguridad publica y que el gobierno no tiene razones para expulsarlo de Estados Unidos. A menos, claro está, que se equivoque y cometa un crimen que lo convierta en deportable”, advirtió.
El memorando también otorga a los fiscales la discrecionalidad para renunciar a la apelación de un caso prioritario o no prioritario. Pero en todos los casos deben proceder con prudencia y transparencia, recomienda la oficina del Asesor Legal Principal de ICE.
Los fiscales también tendrán discrecionalidad para decidir casos y montos de fianza y/o programas de alternativas de detención vigentes (ATD) conforme la ley.
Objetivo de la estrategia
La Corte de Inmigración tiene 1.7 millones de casos acumulados. Si a partir del 25 de abril los fiscales comienzan a cerrar, terminar o reabrir casos (de los 700,000 previstos), la EOIR tendrá espacio para calendarizar los nuevos pedidos de asilo que se presenten a partir del 23 de mayo, cuando se elimine el Título 42 en la frontera.
Eso si, todo depende si los poderes extraordinarios a los fiscales de ICE son demandaros ante los tribunales de justicia y avance la demanda contra la eliminación del Título 42 presentada por los Estados de Arizona, Luisiana y Missouri. Ellos alegan que la política migratoria de Biden en la frontera y la cancelación del Título 42 provocará una invasión de inmigrantes criminales, un argumento similar al empleado por el expresidente Donald Trump para defender su política de ‘tolerancia cero’.
Tanto el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes como para el Proyecto Nacional de Inmigración (NIPNLG), el memorando que determina las prioridades de deportación del gobierno “no ofrece una transparencia significativa con respecto a las decisiones de los fiscales”.
“No ofrece ningún mecanismo para que las personas sepan si los abogados de ICE que procesan por detención y deportación clasifican su caso como ‘prioritario’ o ‘no prioritario’”, agregan.
Advierten que “los abogados de ICE no están obligados a documentar públicamente la base de sus decisiones individuales, lo que dificulta que los inmigrantes sepan qué evidencia presentar para alentar a ICE a tomar decisiones judiciales justas”.
De llenarse estas carencias, añaden, se abrirían oportunidades “para que los fiscales de ICE se aseguren de que aquellos que huyen del peligro puedan encontrar la seguridad que viene con una concesión de asilo, o acordar que un miembro de la comunidad desde hace mucho tiempo no debe ser deportado lejos de su familia y comunidad”.
FUENTE: UNIVISION.com
