El gobierno de Biden ha enfatizado que la eliminación de la política migratoria del anterior gobierno ha permitido restablecer el debido proceso migratorio, afectado por Trump, y tratar a los extranjeros de manera justa y humana.
Pero los esfuerzos de Biden por cambiar y modernizar el sistema migratorio, cuya capacidad de respuesta se ve abrumada y sobrepasada por una interminable oleada de migrantes en la frontera con México (en los primeros 11 meses del año fiscal 2022 se realizaron más de 2.1 millones de arrestos a lo largo de la frontera sur), se han visto frustrados por lña falta de respaldo del Congreso para aprobar una reforma migratoria y destinar fondos para aumentar la seguridad fronteriza.
A su vez, el argumento republicano no presenta evidencias de que el aumento de la criminalidad que mencionan obedezca a la presencia de indocumentados, un acto que sigue siendo una falta de carácter civil no criminal.
Qué dice el escrito de Paxton
En el documento enviado por Paxton a la Corte Suprema se alega que el Congreso o ha otorgado libertad a las agencias federales, en este caso al DHS, para “ignorar la dirección legislativa en el esquema estatutario que administra la agencia”. Y que a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) el Congreso ha ordenado que el Ejecutivo detenga a extranjeros delincuentes específicos y aquellos con “órdenes finales de deportación en espera de su deportación”.
El escrito agrega que el memorando de septiembre del 2021 del DHS instruye al personal del Departamento a cumplir con lo estipulado en el documento y no en lo estipulado en la ley aprobada por el Congreso.
El memorando de septiembre “prescindió de las líneas claras o categorías del Congreso a favor de una evaluación del individuo y la totalidad de los hechos y circunstancias de cualquier extranjero que pudiera ser una amenaza actual para la seguridad pública”, se lee en el documento.
Este Tribunal, dice el documento de Texas enviado a la Corte Suprema, “debe confirmar la sentencia del tribunal de distrito de que el Memorándum Final (las prioridades de deportación de Biden) perjudica a los Estados, es sustancial y procesalmente ilegal y debe anularse”.
El memorando de septiembre
A finales de septiembre del año pasado el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, reiteró que ser indocumentado en Estados Unidos no condena al inmigrante a ser deportado del país.
En el documento, enviado a los jefes de seguridad y fronteras de las distintas agencias bajo su mando, Mayorkas dijo que el hecho de que alguien sea un inmigrante indocumentado “no debería ser el único fundamento” de la decisión de detenerlo y expulsarlo de Estados Unidos.
“Establecemos prioridades de aplicación de la ley de inmigración civil para lograr nuestros objetivos de la manera más efectiva con los recursos que tenemos”, se lee en el documento.
Mayorkas escribió que “daremos prioridad a la detención y expulsión de no ciudadanos que sean una amenaza a nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”. El secretario del DHS ha instruido a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que no deberían intentar arrestar y deportar a trabajadores agrícolas, ancianos y otras personas que eran vulnerables a la deportación bajo la administración Trump.
Durante el gobierno de Trump el DHS se basó en una severa lista de prioridades de deportación que incluyó a inmigrantes acusados de delitos, incluso si los casos aún no habían sido resueltos por los tribunales de justicia.
Trump también decretó que la presencia indocumentada constituía una amenaza para la seguridad nacional y pública, y otorgó poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para deportar indocumentados sólo por el hecho de no tener permiso de estadía legal en el país.
“La pregunta principal es si el no ciudadano representa una amenaza actual para la seguridad pública”, escribió Mayorkas en el memorando de septiembre.
Fuente: Univision.com
