Detenidos hacinados, incluyendo niños de 12 años: una filtración de datos del gobierno apunta a abusos en El Salvador

01/27/2023 9

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch reveló que tuvo acceso a una base de datos del gobierno de El Salvador que confirma que el estado de emergencia contra las pandillas ha derivado en abusos generalizados.

Los defensores de los derechos humanos llevaban tiempo denunciándolo: el estado de emergencia en El Salvador ha dado pie a numerosos abusos de parte de las autoridades.

Y ahora parece quedar en evidencia que es un dato que maneja hasta el propio gobierno de Nayib Bukele. Eso, según una base de datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a la que Human Rights Watch asegura haber tenido acceso tras una filtración.

La base de datos, que contiene los nombres de los procesados entre marzo y finales de agosto de 2022, apunta a masivas violaciones del debido proceso, graves condiciones de hacinamiento en las prisiones y, en general, un paupérrimo sistema de justicia.

“Esta base de datos filtrada apunta a serias violaciones de los derechos humanos cometidos durante el estado de emergencia”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW.

“De acuerdo con los datos, las autoridades salvadoreñas han hacinado inhumanamente a los detenidos, incluidos cientos de menores, en centros de detención sobrepoblados, mientras hacían poco para asegurar que las víctimas de la violencia de las pandillas tuvieran acceso a la justicia”.

El estado de emergencia en El Salvador se ha extendido hasta diez veces

En marzo del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una declaración de estado de emergencia que suspendió ciertos derechos fundamentales en el marco de la lucha contra la violencia de las pandillas.

La medida, que se ha extendido hasta en diez ocasiones a pesar de las amplias críticas de las organizaciones de derechos humanos, con más de 60,000 personas detenidas bajo sospecha de tener vínculos con pandillas.

Según HRW, solo han salido en libertad 3,000, muchas bajo fianza, y 58,000 siguen bajo custodia.

La base de datos indica que, hasta finales de agosto, 1,082 menores habían sido arrestados y puestos bajo detención provisional a la espera de juicio. De ellos, 21 tenían entre 12 y 13 años. El estado de excepción redujo la edad penal de 16 años a 12.

Además, 39,000 personas fueron acusadas de “asociación delictiva” y 8,000 de pertenecer a una “organización terrorista”, dos delitos definidos vagamente y que dan pie a arrestos arbitrarios, según HRW.

Y muchos menos recibieron cargos de delitos violentos como homicidio (148) o agresión sexual (303).

Las “detenciones masivas y presuntamente arbitrarias” han sido objeto de preocupación organizaciones defendoras de los derechos humanos.

Ya en noviembre, la Comisión Interamerican de Derecho Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la situación de las libertades básicas “y el incumplimiento de las garantías judiciales” en El Salvador.

Y en diciembre, la propia HRW y la organización de defensa de derechos humanos Cristosal publicaron un informe titulado ‘Podemos detener a quien queramos’ en el que denuncian, entre varios abusos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos en prisión.

“Las violaciones de derechos humanos no fueron casos aislados”, señaló el informe. “Tanto soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterada en todo el país durante un período de varios meses”.

El informe “recomienda” al gobierno y al Congreso salvadoreños que pongan fin al régimen de excepción. El presidente Bukele respondió, muy a su estilo, en su cuenta de Twitter, con un “No”.

Fuente: Univision.com

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