Mientras tanto y ante la incertidumbre generada por el alto número de detenciones llevadas a cabo en la frontera en el año fiscal 2021 ( 2,378,944 hallazgos), el gobierno afina detalles de un plan que le permita reducir dramáticamente el número de ingresos en la frontera, acelerando las deportaciones y elevando los castigos por ingreso indocumentado a Estados Unidos.
La capacidad de expulsar de manera expedita a los deportados no mexicanos a través de la frontera sur podría ser un gran avance para los funcionarios de Biden, indicó el periódico. No se conocen detalles del trato que darían a los solicitantes de asilo, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.
El nuevo programa surge ante la falta de capacidad de respuesta del gobierno para contener la oleada de migrantes en la frontera con México y la incapacidad, por falta de recursos, para procesar y deportar a sus países de origen a los inmigrantes que detiene y no tienen una causa probable de asilo, son inadmisibles o caen bajo el Título 42 por la pandemia.
Hasta ahora no existe ningún precedente en cuanto al alcance del plan que estudia la Casa Blanca de expulsar masivamente a ciudadanos no mexicanos a México, dijo el diario. Sería una especie de “cambio de juego” en la frontera, dijo Doris Meissner, exdirectora del servicio de inmigración (INS) durante el gobierno de Bill Clinton. “Creo que estamos en una nueva era y un nuevo territorio”, agregó.
La mayoría de los extranjeros que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos pueden llegar a la frontera, solicitar el beneficio, ser escuchado procesado y que un juez de inmigración resuelva sus permanencias en el país.
Pero el 5 de enero, Biden anunció un plan temporal humanitario que exige a los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua contar con un patrocinador en Estados Unidos quien debe gestionar un advance parole para que el extranjero pueda viajar vía aérea y recibir una autorización de permanencia hasta por dos años, al término de los cuales debe marcharse a menos que ajuste su estatus migratorio por cualquier otra vía legal disponible.
Venezuela participa en este programa desde mediados de octubre del año pasado. El gobierno otorga hasta 30,000 cupos mensuales para los ciudadanos de estos cuatro países.
Activistas y abogados consultados por Univision Noticias advierten que el programa humanitario afecta y compromete el debido proceso migratorio en la frontera.
The Washington Post dijo que, de acuerdo con funcionarios estadounidenses y mexicanos, los dos países no han llegado a un acuerdo sobre las deportaciones.
Señala además que la estratega reforzaría las medidas que el DHS prepara para anunciar la próxima semana, que incluyen castigos a los solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente a Estados Unidos o no buscan protección en las naciones por las que transitan en el camino a la frontera sur de Estados Unidos (tercer país).
Las medidas crearán una “presunción contra la elegibilidad para el asilo”, dijo el Departamento de Justicia a la Corte Suprema en una sesión informativa esta semana, cuando los que cruzan la frontera ilegalmente y se enfrentan a la deportación alegan temor a la persecución en sus países de origen.
Desde marzo de 2020 el gobierno estadounidense ha devuelto unos 3 millones de no mexicanos a México bajo el Título 42 por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. Pero la administración Biden estima que las consecuencias de estas expulsiones no son suficientes para “disuadir” los cruces ilegales.
México ha reiterado que actúa de forma soberana e independiente en cuanto al tema migratorio.
A diferencia del Programa de Protección del Migrante (MPP), que regresaba a México a ciertos extranjeros a esperar la resolución de sus casos de asilo en tribunales de inmigración estadounidenses, el nuevo programa bajo estudio los expulsaría en gran escala sin posibilidad de retorno.
Fuente: Univision.com
