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El ingreso indocumentado no es una opción que asegure el asilo en EEUU

today04/04/2023 15

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Abogados consultados por Univision Noticias advierten que la política migratoria se ha vuelto cada vez más restrictiva y que no se sabe si quienes entraron indocumentados después del 5 de enero y piden asilo, los jueces de inmigración les aprobarán sus peticiones o les emitirán una orden de deportación.

A poco más de un mes del levantamiento del Título 42 en la frontera entre Estados Unidos y México, muchos se preguntan si el gobierno tendrá capacidad de respuesta suficiente para procesar la avalancha de peticiones de asilo que se espera.

Y también abogados, activistas e inmigrantes que aguardan en el lado mexicano el momento, se preguntan si el ingreso indocumentado permitirá pedir asilo dentro de Estados Unidos.

“Por ahora no tenemos todas las respuestas”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “No sabemos, por ejemplo, si las personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que hayan ingresado indocumentados al país y pidan asilo en el plazo de un año, los jueces de inmigración les negarán el beneficio cuando se presenten al tribunal”.

Una norma temporal de asilo anunciada por el presidente Joe Biden el 5 de enero, dice que los ciudadanos de esos cuatro países (Venezuela fue designado en octubre de 2022) solo pueden entrar a Estados Unidos previa autorización de un patrocinador y deben hacerlo por vía aérea con un pasaporte válido.

Si el extranjero no tiene patrocinador ni visa o pertenece a otro país no designado en la regla del 5 de enero, debe acceder a la página digital de la Oficina de Inmigración y Aduanas, CBP One y postularse a alguno de los programas vigentes, entre ellos el asilo, y esperar una citación para luego presentarse en un puerto de entrada autorizado.

“No sabemos todavía si los jueces de inmigración aplicarán estas reglas a los que entraron ilegalmente de manera exitosa. La ley dice que tienen un año de plazo para pedir asilo. Tenemos que esperar hasta que tengan su día en corte y conocer la respuesta a esta interrogante”, dice Gálvez.

“Cada vez se hace más difícil”

Si bien la permanencia indocumentada en Estados Unidos constituye una falta de carácter civil no criminal, el ingreso ilegal en algunos casos puede resultar en cargos criminales que conlleven prisión y/o la deportación de Estados Unidos. Por ejemplo, si un extranjero ha sido deportado, regresa ilegalmente al país y es nuevamente detenido. O trata de ingresar a la fuerza por la frontera, como sucedió a mediados de marzo cuando cientos de extranjeros, la mayoría de ellos originarios de Venezuela, avanzaron hasta la mitad del Puente Internacional Santa Fe, ubicado entre Ciudad Juárez, México, y El Paso, Texas, e intentaron ingresar al país de manera violenta sin haber sido admitidos legalmente.

O bien muchos no tienen en cuenta que, si ingresaron ilegalmente a Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020, se encuentran en la lista de prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden. Eso significa que, si son detenidos, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) puede colocarlos en un proceso de deportación expedita.

“Cada vez se hace más difícil para los extranjeros que ingresan ilegalmente al país”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Y la estadística actual nos señala que los tribunales de inmigración están negando el 90% de los casos de asilo. Es decir, 9 de cada 10 solicitantes de asilo pierden sus casos y reciben a cambio una orden de deportación”.

A la pregunta respecto a qué hacer en la frontera, Guerrero dice “no entre ilegal. No lo haga. Use los beneficios legales disponibles. De lo contrario, su permanencia se convertirá en una pesadilla”.

Guerrero también dijo que en un reciente encuentro entre abogados y la jueza jefa de inmigración, se comentó que para cuando finalice el Título 42, habrá unas 100,000 personas esperando al otro lado de la frontera esperando ingresar a Estados Unidos.

“Eso hará más difíciles las cosas para quienes entran ilegalmente. Y si ya lo hizo, sería bueno buscar consejo legal para ver sus opciones. Y también tenga en cuenta que el gobierno está barajando otras políticas para antes del 11 de mayo (cuando elimine el Título 42), como la norma del tercer país seguro”, precisó.

Cabe señalar que en diciembre del año pasado, el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, reportó que de acuerdo con los últimos datos disponibles a ese momento, la cantidad de solicitantes de asilo que esperban audiencias de asilo alcanzaban al menos a 1,565,966 personas. Y que aproximadamente la mitad de este total, o 787,882, estaban esperando audiencias ante jueces en los Tribunales de Inmigración. La otra mitad, o 778.084 solicitantes, estaban esperando audiencias ante los funcionarios de asilo de la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). A muchos otros solicitantes de asilo se les ha permitido ingresar al país para que presenten luego sus casos de asilo. Pero la autorización “no significa que sus casos seránotorgados”, advirtieron los abogados consultrados por Univision Noticias.

En algunos casos hay sanciones penales

Para la abogada Rebeca Sánchez-Roig, quien ejerce en Miami, Florida, la Ley de Inmigración (INA) “establece que las personas que entran o reingresan en Estados Unidos sin autorización, están sujetas no sólo a detención civil por inmigración y a procedimientos de deportación, sino también a sanciones penales”.

En otras palabras, dependiendo de la falta, un extranjero “con condenas anteriores podría ser encarcelado en una prisión federal con una pena de hasta 20 años. Y una vez cumplida su condena, estas personas suelen ser detenidas por ICE y luego deportadas por el mismo delito”.

Sánchez-Roig agregó que, según las leyes migratorias, “varias acciones se consideran ingreso indocumentado a EEUU, entre ellas hacerlo por cualquier punto de la frontera distinto a un puesto de control migratorio oficial; entrar sin ser examinado o inspeccionado por funcionarios de inmigración; cruzar por un puesto migratorio utilizando una visa obtenida por medio de fraude; cruzar utilizando visa, pasaporte, o tarjeta de residencia falsos; entrar basándose en información falsa o engañosa; ocultando deliberadamente hechos o materiales; o ingresar con el documento de otra persona, como por ejemplo el pasaporte”.

A la pregunta si la entrada ilegal es un delito, Sánchez-Roig respondió que “sí” y que se trata de una falta “grave” que afecta futuros ingresos al país.

Explicó además que cruzar indebidamente una primera vez “puede implicar multas entre $50 y $250 y encarcelamiento hasta seis meses o ambos”. Y que la primera vez se trata de una ofensa menor, pero el reingreso (re-entry) puede implicar un castigo de por vida.

Los planes del DHS

El 5 de enero, cuando Biden dio a conocer la regla provisional de asilo en la frontera sur, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que al término del Título 42, toda persona que pida asilo en la frontera debe programar una hora para presentarse en un puerto de entrada para su inspección y procesamiento en lugar de llegar sin previo aviso o intentar cruzar entre puertos de entrada.

A su vez, explicó que las personas que utilicen la aplicación CBP One podrán hacer una cita para presentarse en los siguientes puertos de entrada:

  • Nogales, Arizona;
  • Brownsville, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass, y El Paso (Paso Del Norte) en Texas; y.
  • Calexico y San Ysidro (Pedestrian West – El Chaparral) Chaparral), California.

El ministerio también dijo que seguirá expulsando extranjeros bajo el Título 8 (de la ley de inmigración por razones de inadmisibilidad), entre ellos aquellos que “no aseguran temor a ser perseguidos o torturados o se determina que no tienen un temor creíble tras una entrevista con un funcionario de asilo, de conformidad con los procedimientos establecidos”.
El DHS también anunció que el proceso de expulsión acelerada mejorado incluirá:

  • La dedicación de recursos adicionales, incluidos personal, transporte e instalaciones;
  • Optimización de los procesos en todo el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ; y
  • Colaboración con el Departamento de Estado (DOS) y los países de la región para aumentar las repatriaciones.

El gobierno también ha asegurado que continuará tramitando a las personas bajo la Norma Final Provisional publicada en marzo de 2022 (y que entró en vigor en mayo del año pasado), que establece los procedimientos para que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) tramiten procese y otorgue solicitudes de asilo de los no ciudadanos que tengan un temor creíble y se presentaron en la frontera.

Fuente: Univision.com

 

Written by: Editor

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