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La Corte Suprema permite al gobierno aplicar la regla de “carga pública” que facilita negar la residencia permanente

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El voto de los magistrados fue de 5 a 4, con lo que el gobierno puede superar el bloqueo a la aplicación de la regla que habían establecido cortes inferiores.

La Corte Suprema de Justicia de EEUU dio el visto bueno a la polémica regla de “carga pública” con la que el gobierno de Donald Trump quiere condicionar el otorgamiento de beneficios migratorios a inmigrantes que tengan la posibilidad de requerir asistencia gubernamental en el futuro.

El voto de los magistrados fue de 5 a 4, con lo que el gobierno puede superar el bloqueo a la aplicación de la regla que habían establecido cortes inferiores. Los cuatro magistrados considerados liberales votaron en contra y los conservadores a favor.

La corte levantó así la prohibición que había establecido un juez de distrito de Nueva York, George B. Daniels. Las reglas fueron propuesta en octubre del año pasado por el gobierno pero por esta decisión estaba impedido de ponerla en práctica hasta ahora.

De esta manera, el gobierno puede empezar a aplicar las nuevas normas, mientras la Corte Suprema sigue analizando el fondo del caso. 14 estados, encabezados por California demandaron al gobierno, junto con varias organizaciones de defensa de derechos humanos, por considerar que altera el "consenso de más de un siglo" y habían pedido que el status quo se mantuviera a la espera de la decisión final.

"(Permitir las nuevas reglas) inyectará confusión e incertidumbre a la inmigración (...) y detendrá potencialmente a millones de residentes no ciudadanos en las jurisdicciones en demanda acceder a beneficios públicos a las que legalmente tienen derecho de acceder", dijo la fiscal general de Nueva York Letitia James en un escrito enviado a la Corte Suprema.


Uno de los parámetros que se empleará para negar la residencia a inmigrantes que la soliciten es cuánto han recurrido a beneficios públicos para su manutención en el país, como las estampillas de comida y otros subsidios.

La nueva regla no afecta a personas que ya son ciudadanos por naturalización o que ya tienen residencia permanente, porque no tiene carácter retroactivo.


Con la medida se podrá negar a solicitantes de residencia legal permanente (green card) y otros beneficios de inmigración, como ciudadanía, si usan asistencia alimentaria tales como los cupones de vivienda u otras formas de bienestar público.

 

Serán considerados como beneficios públicos:

 Cualquier asistencia financiera en efectivo cuantificable (cash assistance) otorgada por una entidad federal, estatal o local para el mantenimiento de ingresos (conocidos como "asistencia general").

✓ Supplemental Security Income (SSI).

✓ Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF).

✓ Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, conocidos como "Food Stamps").

✓ Programa de la Sección 8 de Vales para el Alquiler de Viviendas.

 

✓ Asistencia para la Vivienda Pública de la Sección 9 de la Ley de Vivienda de 1937.

✓ El Medicaid financiado por el gobierno federal, con ciertas excepciones, de acuerdo con USCIS.

Salvo algunas excepciones, la gran mayoría de inmigrantes con visa no son elegibles para recibirlos.

 Fuente: USCIS. 

 

“No debemos tener miedo”


Los expertos en reglas migratorias dicen que el cambio en la noción de lo que es carga pública podría reducir drásticamente la inmigración legal basada lazos familiares, particularmente desde México y Centroamérica, países que por estar en vías de desarrollo, poseen ingresos mucho más bajos que aquellos desarrollados o con economías más sólidas.

El National Immigration Law Center (NILC) dijo que el fallo de la Corte Suprema es “un duro golpe” para la comunidad inmigrante, “pero no debemos tener miedo” a la hora de iniciar un trámite de residencia o para “convertirnos en ciudadanos de Estados Unidos”.

“La regla anunciada por el gobierno de Donald Trump y que se encontraba detenida por fallos judiciales, no afecta a la gran mayoría de los inmigrantes que cumplen con los requisitos para convertirse en residentes legales permanentes”, dijo Álvaro Huerta, integrante del grupo de abogados del NILC.

Huerta dijo además que “la regla de carga pública de Trump no constituye todo el requisito para que el gobierno apruebe una petición de residencia, sino sólo un porcentaje de la totalidad de pruebas, entre ellas demostrar que no se convertirá en una carga pública”.

“Tampoco sabemos por ahora si la regla será temporal o permanente”, agregó.

 
 
 
 
 
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Fuente: Univision

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