Cuál es el verdadero alcance de lo firmado por Trump en ayudas por el coronavirus

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Cuál es el verdadero alcance de lo firmado por Trump en ayudas por el coronavirus

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El presidente Trump firmó 3 memorándums y una orden ejecutiva con ayudas por el coronavirus para los estadounidenses afectados por la crisis económica generada por la pandemia. Por ahora son más declaraciones de preocupación y buenas intenciones que medidas concretas que vayan a aportar beneficios inmediatos.
 
Son tres memorandos y una orden ejecutiva con las que el presidente Donald Trump dice estar actuando para beneficiar a los ciudadanos afectados por la crisis económica generada por la pandemia, luego de que el Congreso no pudiera ponerse de acuerdo en un nuevo paquete de ayudas por el coronavirus que mantenga los beneficios de los últimos meses, particularmente la ayuda federal al desempleo.
 
Sin embargo, las medidas firmadas por el presidente en una rueda de prensa en su club de golf de Bedminster, en Nueva Jersey, que tuvo aires de evento de campaña, entran en colisión con la autoridad del Congreso de manejar los presupuestos, no lucen tan ambiciosas como la retórica presidencial las hace parecer, y no tienen una clara aplicación, al punto que podrían tomar meses en sentirse algún resultado.

La Casa Blanca decidió darles a tres de ellas la forma de memorándum y una sola la de orden ejecutiva. En la escala de importancia de los decretos y acciones presidenciales, se entiende que una orden ejecutiva tiene mayor rango que un memorándum y la primera tiene precedencia a la hora de ser publicadas en el Registro Federal, momento en el que adquieren fuerza de ley.

Sin embargo, esas formalidades no siempre se toman en cuenta y algunos expertos indican que un memorándum presidencial es una orden ejecutiva, pero con otro nombre.

En cualquier caso, el alcance de las decisiones de ayudas por el coronavirus adoptadas por el presidente no está claro y por eso está en debate.

Este memorándum genera una gran polémica, por el posible efecto sobre la viabilidad del sistema de seguridad social y el debate en torno a la autoridad que tiene el presidente para afectar sistemas de recaudación que han sido establecidos por ley del Congreso.

El presidente instruyó al secretario del Tesoro a detener la recaudación de impuestos a la nómica desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre para personas que ganen menos de $104,000 al año, con el argumento de que “esta modesta acción pondrá dinero directamente en los bolsillos de los trabajadores estadounidenses y generará incentivos adicionales para trabajo y empleo”.

La medida fue una de las primeras propuestas cuando se hizo necesario un plan federal para apuntalar la economía, pero ni republicanos ni demócratas la consideraron una posibilidad y nunca fue parte de las discusiones de los legisladores en las diferentes etapas de las negociaciones políticas.

Algunos advierten que es un alivio ficticio, porque esos impuestos estarían siendo postergados, no eliminados, y las personas tendrán que reembolsarlos en un futuro próximo.

Pero el presidente introdujo un elemento de tinte electoral en el memorándum al indicar en la sección 4 que “explorará vías, incluyendo legislación, para eliminar la obligación de pagar los impuestos postergados” y en la rueda de prensa indicó que si gana la reelección trabajará para lograrlo, lo que es percibido por algunos como una promesa de campaña.

Seguridad Social y Medicaid, los programas que se financian con el impuesto a la nómina es un área que los republicanos conservadores siempre han querido reformar, pese a la popularidad con la que cuenta entre la población. Algunos demócratas aseguran que la intención del presidente es quitarle el financiamiento a esos programas que son los más costosos para el fisco.

La semana antepasada los más de 30 millones de personas que reciben asistencia al desempleo dejaron de percibir los $600 adicionales que ordenó el Congreso que se entregaran con el segundo paquete de ayuda del coronavirus.

Era uno de los puntos de diferencia que llevó al fracaso las negociaciones con la Casa Blanca, porque mientras los demócratas querían renovar la ayuda por ese monto hasta diciembre, los republicanos querían reducirla a $200 argumentando que disuadía a muchos a buscar trabajo.

Ahora Trump dice que se dará $400, aunque la cuarta parte de la suma la deberán aportar los estados. El problema es que muchos estados ya enfrentan problemas presupuestarios por la caída en la recaudación en medio de la pandemia. No está claro, primero si los gobierno estatales estarán dispuestos a asumir ese costo.

La Casa Blanca afirma que tomará $ 44,000 millones del Fondo de Ayuda de Desastres que suele usarse para paliar desastres naturales. Más allá de la potestad que tenga o no el ejecutivo para asignar recursos a otros fines a los aprobados por el Congreso, algunos cálculos indican que eso solo cubriría cinco semanas de asistencia para el número de desempleados que hay actualmente.

Aunque la progresiva reactivación natural que se espera que tenga la economía implicará que muchas personas retomarán sus puestos de trabajo, el último reporte de generación de empleo hace presagiar a mucho un enlentecimiento de la recuperación y que la cifra de desempleo siga siendo alta para estándares estadounidenses.

Esta es la única de las acciones del presidente que tiene el rango de orden ejecutiva y sin embargo, a especialistas en el sector de vivienda, les parece que no establece un real objetivo, más allá de la declaración genérica de que “es la política de Estados Unidos minimizar, en la medida de lo posible, desalojos residenciales o ejecuciones hipotecarias durante la continua emergencia nacional del COVID-19”, como se indica en la sección dos del texto.

El presidente no ordena un alto en los desalojos de quienes no puedan pagar rentas o hipotecas y simplemente indica al gabinete “considerar” si es necesaria adoptar una medida en ese sentido. La orden no contempla fondos federales para asistir a inquilinos en problemas, aunque pide al Departamento de Vivienda y al Tesoro que busquen de dónde podrían sacar dinero en caso de que se decretara algún tipo de programa de ayuda.

La moratoria de desalojos que aprobó el Congreso en marzo se venció en julio y protegía a inquilinos que vivieran en lugares con hipotecas federales. El gobierno federal posee la mayor cantidad de las hipotecas del país a través de Fannie Mae y Freddie Mac, por lo que algunos expertos en temas de vivienda aseguran que esa habría sido una movida para la que la Casa Blanca sí contaría con el poder.

De acuerdo con estimados publicados recientemente por una coalición de grupos de defensa de inquilinos, hasta 40 millones de personas están en riesgo de perder sus viviendas o negocios este año, unas diez veces la cantidad de desalojos judiciales que se producían anualmente antes de la pandemia.

El memorándum del presidente posterga el pago de intereses en préstamos estudiantiles contratados con el gobierno federal hasta fines de año y autoriza que los pagos de capital sean postpuestos hasta diciembre, un área en la que el presidente sí tiene autoridad.

Las deudas no han sido canceladas, sino postergadas, por lo que los deudores deberán retomar sus pagos completos a partir del próximo año.

El problema de la deuda estudiantil es un tema polémico en EEUU, donde profesionales con varios años de ejercicio siguen arrastrando el peso de las deudas que contraen para seguir estudios en las costosas instituciones de educación superior del país.

La medida puede significar un alivio temporal para familias jóvenes que estén enfrentando problemas de ingresos a causa de la pandemia.

Los grupos progresistas abogan por una reestructuración total de esas deudas y cambios en el sistema, que actualmente implica para gente que recién se gradúa y aún no ejerce su profesión empezar con una deuda a cuestas.

Fuente: Univision.com